PJ Y LIBRES DEL SUR QUIEREN PRIORIDAD PARA ABUELOS Y EMBARAZADAS EN LAS FILAS

Martínez: “Es la primera vez que se plantea crear una ordenanza para un tema que, si bien forma parte de los usos y costumbres, muchas veces no se respeta. Con esta norma lo estamos garantizando para que el derecho de prioridad se cumpla sí o sí”.

Kogan: “Esta iniciativa pretende incorporar un criterio solidario y de estricta justicia en la convivencia cotidiana. Las personas mayores no tenían, injustamente, hasta ahora, prioridad en la atención, cuando muchas veces la espera de los turnos se les complica por problemas propios de la edad”.

Los concejales del PJ, Darío Martínez y Ariel Kogan presentaron un proyecto de ordenanza que consagra el derecho a la “PRIORIDAD en la atención al público” para todas las personas de edad avanzada, o embarazadas, o con discapacidad temporal o permanente, o acompañadas de niños menores de dos años. El proyecto cuenta con la firma de la concejala de Libres del Sur, Mercedes Lamarca.

Martínez indicó que “la comunidad necesita una norma legal que respalde el derecho de prioridad de quienes estén en una situación de vulnerabilidad, más allá de que como sociedad sabemos que por una cuestión de humanidad, debemos garantizar ese derecho”, al tiempo que dijo que “también establecemos que debe instalarse cartelería informativa que respete esta ley, con los íconos o el texto que indiquen la referencia de prioridad de “adultos mayores”, además de los ya conocidos que indican “prioridad embarazadas, o con niños” y el de “personas con discapacidad”.

Cabe destacarse que existen ordenanzas y leyes que contemplan disposiciones similares a este proyecto en muchas ciudades y provincias de nuestro país, por ejemplo en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, en las provincias de Corrientes, Córdoba y Catamarca.

El texto de la propuesta abarca los establecimientos que cuenten con atención al público, sean estos públicos o privados; destinados a la realización de tramites; o de carácter comercial o de servicios de cualquier naturaleza; con alcance a la actividad privada y pública Nacional, Provincial y Municipal, mientras que los responsables de su cumplimiento serán los funcionarios o directivos de mayor rango.

En cuanto a las sanciones, establecen un mínimo de 1000 hasta un máximo de 10 mil pesos.